El deterioro de los servicios públicos en España responde a una descapitalización progresiva provocada por el desplome de la inversión a largo plazo y la falta de conservación de las infraestructuras, en contraste con el aumento sostenido de la demanda demográfica.
Es la tesis principal del informe «Todo funciona peor», elaborado por los analistas Manuel Llamas y Diego Sánchez de la Cruz para el Instituto Juan de Mariana, que denuncia un desfase crítico en la red ferroviaria: España destina 45,5 millones de euros por kilómetro de vía al mantenimiento, apenas el 56% de los 80,6 millones que promedian los 14 socios fundadores de la Unión Europea.
El estudio señala que el gasto en conservación por viajero de alta velocidad se redujo un 22% en comparación con ocho años atrás. En paralelo, entre 2018 y 2024 los accidentes ferroviarios repuntaron un 142% y los descarrilamientos se cuadruplicaron.
La pérdida de fiabilidad se refleja también en la puntualidad: los retrasos superiores a una hora en servicios de larga distancia se multiplicaron por siete hasta alcanzar el 8,1%. En 2026, solo el 48,6% de los convoyes de alta velocidad llega con menos de cinco minutos de demora, un escenario que coincidió con el endurecimiento de las condiciones de indemnización de Renfe —elevando el margen de devolución de 15 a 60 minutos— y una contracción del 12,3% en los usuarios de alta velocidad entre enero y agosto.
Déficit transversal: carreteras, sanidad, justicia y seguridad
Los autores sostienen que este desfase no es un caso aislado del ferrocarril, sino un patrón transversal en la gestión estatal:
Carreteras: El déficit acumulado en conservación alcanza los 15.000 millones de euros, con más de 34.000 kilómetros pendientes de reasfaltado o reconstrucción, revirtiendo en la red viaria apenas el 15% de los tributos recaudados al sector del automóvil.
Sanidad: Pese a un incremento del 43% en el gasto público, las listas de espera quirúrgica alcanzaron a 853.509 pacientes (un 28% más que en 2018), con demoras medias de 121 días donde uno de cada cinco afectados espera más de seis meses.
Justicia y Educación: El atasco judicial suma un 80% más de litigios pendientes que en 2018, fijando fechas de señalamiento para la próxima década, mientras el gasto educativo creció un 40% en coexistencia con mínimos históricos en los informes PISA.
Seguridad y fronteras: El documento contabiliza un alza del 30% en homicidios, del 57% en delitos contra la libertad sexual y una entrada de inmigración irregular que casi se octuplica en el periodo analizado.
La crítica al modelo de gasto y a la ejecución de fondos europeos
Para Sánchez de la Cruz, la política presupuestaria ha priorizado el gasto corriente y las bonificaciones comerciales sobre la integridad de las redes esenciales: «Se consideraba normal que un tren no descarrilara; al priorizar descuentos sobre el mantenimiento se proyecta una falsa accesibilidad a costa de la seguridad».
El informe sitúa a España como el antepenúltimo país de su entorno en ratio de mantenimiento frente a inversión total (15%), a gran distancia de socios como Países Bajos, Suecia o economías del este europeo como Polonia, Hungría y Eslovenia, que destinan hasta el triple de recursos proporcionales a sus trazados.
El análisis censura asimismo la gestión de los fondos europeos Next Generation, concebidos para elevar el stock de capital y modernizar el tejido productivo. El think tank concluye que, pese a los récords históricos de ingresos tributarios y a los mayores ingresos de Adif derivados de la liberalización ferroviaria, los recursos extraordinarios no se han traducido en un blindaje de las redes estratégicas, lastrando el potencial de crecimiento a largo plazo.