La Audiencia Nacional ha dado un primer paso decisivo para esclarecer la entrada masiva de miles de personas irregulares en Ceuta procedentes de Marruecos. La magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, ha incoado diligencias previas y ha encargado a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional un informe urgente para determinar si la invasión fronteriza obedeció a una «acción concertada o dirigida» por una organización criminal.

La intervención judicial se produce a raíz de una denuncia presentada por la formación Iustitia Europa, que señala que el asalto al espigón del Tarajal no fue un hecho fortuito o espontáneo, sino un plan coordinado que atenta contra la seguridad nacional. El escrito plantea la posible existencia de delitos contra la seguridad del Estado, tráfico de personas, pertenencia a organización criminal y favorecimiento de la inmigración ilegal, señalando además la posible pasividad deliberada de las autoridades marroquíes.

Informe policial y traslado a la Fiscalía

En su auto, la jueza Tardón expone que los hechos denunciados presentan indicio suficiente de infracción penal y requiere a los agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras un análisis pormenorizado de las circunstancias en las que se produjo el cruce masivo, así como todos los elementos disponibles de identificación de los presuntos organizadores o cooperadores.

Con este requerimiento previo, el tribunal busca determinar si la Audiencia Nacional posee la competencia penal para asumir el caso en función del alcance de los delitos contra la seguridad del Estado e integridad territorial. Paralelamente, la magistrada ha dado traslado de todas las actuaciones a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la causa mientras prosigue el recuento de los graves daños materiales y humanos dejados por esta trágica crisis migratoria en la ciudad autónoma.