La mortífera DANA que golpeó el levante español el pasado 29 de octubre ha causado al menos 223 muertos, y cuantiosos daños materiales ante los que ya se han presentado querellas, denuncias y demandas. Desde Europa Press, consultaban a distintos expertos sobre la posibilidad de exigir responsabilidad penal a las autoridades políticas, tanto autonómicas como nacionales. Estos creen que no será algo sencillo.
Empezando por el Tribunal Supremo, se registraban hasta 9 denuncias o querellas de distinta procedencia, desde Vox hasta particulares, pasando por asociaciones de lucha contra la corrupción. Todas ellas giran en torno a presuntos delitos de omisión del deber de socorro, e incluso de homicidio imprudente. Dichas acciones legales están dirigidas contra Pedro Sánchez, Marlaska, Margarita Robles, Teresa Ribera, Mazón y el Gobierno Valenciano. Y estas no son las únicas denuncias.
La opinión de expertos en Derecho Penal
Se consultó a varios catedráticos de Derecho Penal, y estos descartaban completamente el delito de omisión del deber de socorro. El motivo, alegan, es que la comisión del mismo requiere un comportamiento doloso, o lo que es lo mismo, una voluntad deliberada de no ayudar. Por ello, uno de los expertos razona que «sería una locura en este caso, porque hablamos de administraciones públicas ante una catástrofe natural».
Una vez aclarado el concepto de omisión dolosa de este deber, proceden a etiquetar los posibles comportamientos delictivos de los gobernantes como imprudentes, sea por acción o por omisión. Los expertos sí hablan de delitos por daños y homicidios imprudentes, «porque nadie ha querido que esto ocurra», señalaban.
Estas razones parten de una premisa del Derecho Penal: «cuando algo es inevitable no cabe responsabilidad». Los entendidos en esta rama del derecho dicen que, en primer lugar, se debe probar que «hubo una negligencia, una falta de cuidado». El siguiente paso sería demostrar que este factor fue determinante para que se produjeran los daños y los fallecimientos. Concluyen, por tanto, que debe probarse una «relación de causalidad» entre una imprudencia y los perjuicios y víctimas mortales.
Una relación causa-efecto difícil de demostrar
Así, los expertos penalistas estás de acuerdo sobre la casi imposibilidad de demostrar una relación directa de causa-efecto, ante un escenario como lo es un desastre natural. Una de las fuentes consultadas sintetiza el caso en que «al final lo que no se va a poder probar es que solo el factor de la actuación política fue responsable de esos daños y esas muertes». ¿Cómo puede ser esto? Pues, según el mismo, porque «pudo haber otros factores. ¿Cuáles? Pues la gente que bajó a por el coche al garaje o que circuló por carretera».
Una vez explicada su opinión, los expertos concluyen que es complicado que puedan prosperar las acciones penales contra políticos y administraciones públicas. «En nuestra realidad jurisprudencial no encontrarás casos de responsabilidad penal de gobernantes o altos cargos de la administración por muerte o lesiones debido a su grave imprudencia en la gestión de catástrofes», resume otro entendido.