El Gobierno de España y Junts han alcanzado un acuerdo para modificar la Ley de Extranjería y facilitar el reparto de 4.000 menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Sin embargo, la distribución, incluida en la reforma migratoria, ha generado polémica, ya que Cataluña solo acogerá entre 20 y 30 menores, mientras que Madrid deberá recibir 700. Esta diferencia ha sido interpretada como una cesión del PSOE a Junts para garantizar su apoyo en el Congreso y asegurar la estabilidad del Ejecutivo.
El acuerdo se basa en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, estableciendo que, cuando un territorio supere el 150% de su capacidad de acogida, se activará un mecanismo de reubicación de los menores no acompañados.
El caso más urgente es Canarias, que actualmente tutela a más de 5.000 menores migrantes, superando ampliamente su capacidad y generando una situación de colapso en los servicios de acogida. Con la nueva normativa, se busca redistribuir la carga entre todas las comunidades autónomas para evitar la saturación en los territorios más afectados.
Un reparto desigual condicionado por la política
Si bien el acuerdo establece que el reparto de menores se realizará en función del peso poblacional de cada comunidad y del esfuerzo previo de acogida, la distribución ha generado controversia. La diferencia entre Cataluña y Madrid es especialmente llamativa:
- Cataluña solo recibirá entre 20 y 30 menores.
- Madrid tendrá que acoger 700, una cifra más de 20 veces superior.
Esta desigualdad ha llevado a acusaciones de que el acuerdo responde más a intereses políticos que a criterios técnicos. Junts, partido clave en la investidura de Pedro Sánchez, ha condicionado su apoyo a medidas que beneficien a Cataluña. En este contexto, el PSOE ha tenido que ceder para evitar perder el respaldo de la formación independentista, lo que podría poner en riesgo la estabilidad del Gobierno.
Compensaciones económicas para las comunidades más afectadas
Para tratar de equilibrar la carga de acogida, el acuerdo incluye un sistema de compensaciones económicas para aquellas comunidades autónomas que asuman más menores de los que les corresponderían en función de la media nacional.
Esta reforma migratoria busca reducir la presión sobre los territorios que tradicionalmente han recibido un mayor número de menores no acompañados, aunque no compensa completamente la disparidad en la asignación de menores entre las comunidades.
El Gobierno tiene previsto aprobar esta reforma el martes, lo que oficializará la nueva distribución de menores migrantes entre las comunidades autónomas.
El acuerdo con Junts ha permitido desbloquear una situación que afecta directamente a Canarias y otras zonas con alta presión migratoria, pero la diferencia en la asignación de menores entre comunidades ha despertado críticas, especialmente por la clara ventaja que recibe Cataluña en este reparto.