Granadas de mano, consumo de drogas, reyertas tumultuarias con arma blanca, apuñalamientos, robos con fuerza y hasta incendios provocados intencionadamente. Podría ser un thriller policiaco, pero es el historial delictivo de los “huéspedes” del Centro de Primera Acogida de Hortaleza, cuando en 2018, comenzó a funcionar de manera
prácticamente exclusiva como centro de menas.
Su fundación se remonta a 1986, como un centro de acogida de menores de entre 15 y 17 años. Más de 22.000 jóvenes han pasado por sus instalaciones, nunca ningún vecino del barrio dió cuenta de incidente alguno en esta institución de la Agencia Madrileña de Atención Social.
Los asaltos y la violencia son hoy habituales en el entorno de la plaza de los Santos de la Humosa, en el barrio de Hortaleza de Madrid.
De lugar de acogida a foco de problemáticas
35 eran las plazas disponibles y declaradas en este centro desde que se fundó, a mediados de los años 80. Con las primeras crisis migratorias de finales de los 90 y principios de los 2000, se fueron adaptando a jóvenes inmigrantes de los famosos cayucos que llegaban por primera vez a las costas nacionales.
El “boom” de la inmigración ilegal descontrolada, ha empujado a estos centros de acogida a una situación de sobrecarga de sus instalaciones. Ahora son 150 los menores no acompañados que allí residen, llevando la situación hasta el límite de su capacidad.
Las primeras incidencias datan de la pandemia, cuando estos, saltaban el muro perimetral para campar a sus anchas durante el estado de alarma y toque de queda. Siguieron los asaltos, robos y consumo de drogas. Que en su deriva, llevan siempre a una mayor delincuencia, ejemplo claro son los enfrentamientos protagonizados con bandas latinas, por las que uno de los internos, asaltó a un miembro de estas organizaciones criminales, resultando en un asedio e intento de entrada del centro a modo de represalia.
Se han vivido escenas tétricas, como la aparición de una granada de mano en el patio interior, al que se desplazaron los TEDAX para su desactivación mediante detonación controlada, auténticas batallas campales en el parque contiguo con armas blancas y apuñalamientos en el interior del centro, entre los dos grupos raciales mayoritarios de magrebíes y subsaharianos.
En el contexto actual
Las polémicas por delincuencia migratoria se dan ya diariamente por todo el territorio nacional, raro es el día en que no salta a los medios algún suceso de estas características relacionado con inmigrantes ilegales, o incluso aquellos en estado regular que acaban delinquiendo. Desde robos, apuñalamientos y disturbios de orden público, hasta violaciones y asesinatos.
En el distrito madrileño de Hortaleza, fueron los usuarios de la piscina municipal, quienes denunciaron la semana pasada, consumo de drogas, intimidaciones e ingresos ilegales en las instalaciones, que concluyeron en la intervención de la policía, expulsando a 10 jóvenes en régimen de acogida del recinto de la piscina.
En este contexto, el centro de menas de Hortaleza sirvió como ejemplo, ya en 2019, para ilustrar la inseguridad de los barrios donde se ubicaban. Santiago Abascal, hacía mención del mismo durante la campaña electoral de noviembre de ese mismo año, cuando ya por aquel entonces alertaba de la incipiente crisis migratoria y sus consecuencias: «Yo vivo en un barrio popular de Madrid, Hortaleza, y cada vez que salgo a la calle, y ahí hay un centro de menas, me encuentro con mujeres que me vienen a contar que los policías les dicen que no salgan con joyas a la calle; con madres preocupadas porque sus hijas llegan por la noche y tienen miedo de ser asaltadas». Recordar que VOX alcanzó entonces 52 escaños por esa
dureza en su discurso.
No es de extrañar, que el pasado lunes 14 de julio, Isabel Pérez Moñino, portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, acudiese frente a ese mismo centro a denunciar, las políticas migratorias y de gestión de inmigrantes, no solo del gobierno central, también de la Comunidad de Madrid, haciendo decían “Una fiscalización eficiente del gasto de dinero de los contribuyentes madrileños, que no necesitan financiar su propia inseguridad”. En concreto, denunciaban un contrato por valor de 24 millones de euros, sumado a los ya 98,5 millones aprobados por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
Momentos después de esa declaración, el equipo de prensa de Isabel Pérez, era agredido por algunos de los menas que entraban y salían de las instalaciones y que El Toro TV, anunciaba en exclusiva esa misma mañana.
Dudas sobre su viabilidad y reivindicaciones de cierre
El pasado agosto de 2024, la Fiscalía Provincial de Menores de Madrid, abría expediente contra la consejería, porque según los empleados, se encontraban en una situación límite, un 60% de la plantilla en baja médica, por sobrecarga de trabajo y en algunos casos por agresiones físicas. Condiciones de vida precarias por la sobrepoblación de hasta 5 veces el límite de plazas.
A pesar de esos presupuesto millonarios, los recursos eran insuficientes; lavandería y comedores saturados, menores durmiendo en colchonetas o en el suelo, ausencia de protocolos y personal de seguridad. Todo ello, con una cuenta final de 7.000 € mensuales por persona. 84.000 € al año de dinero público, que alimenta un efecto llamada tanto para los inmigrantes, como para aquellos que perciben estos nutridos fondos.
Y es que no está del todo claro, y esto es lo que lleva a plantearse el cierre del centro, que ni siquiera la mitad de los usuarios considerados menas, sean menores. Allí donde se realizan exámenes periciales para comprobar la edad real, se arrojan cifras muy reveladoras.
El gobierno de Aragón en 2024, a raíz de continuas propuestas parlamentarias de VOX, intensificó estos chequeos médicos, concluyendo que de un grupo de 44, solamente 4 eran menores, un bochornoso 90% habrían falseado su edad real para acabar en estos centros. El Instituto de Medicina Legal de Aragón, en 2021, detectó que el 64% de los menas
examinados eran mayores de edad.
Mientras, en Madrid, entre los años 2015-2018 solo un 32% de los sometidos a pruebas, resultaron ser menores de 18 años. Actualmente, se han ido suprimiendo lentamente debido a una nueva metodología, impulsada por la Convención de los Derechos del Niño de 2017. Sin embargo, el estudio de los médicos forenses Pedro Garamendi y Ana Belen Ordoñez “La estimación forense de la edad en menores migrantes sin referentes familiares: situación actual” desmiente esta nueva metodología afirmando que “Toda vez que estos estudios esqueléticos y dentales aparente, tienen unos márgenes de error reales, es cierto, pero bien conocidos y en los que es posible definir con precisión el margen de seguridad jurídico con suficientes garantías de defensa de los derechos del menor. A diferencia de ellos, los otros métodos recomendados como los psicológicos o los meramente basados en la maduración física por parte de pediatras carecen de precisión o imprecisión conocidas y se han demostrado en más de una ocasión falibles”.
Epílogo de un modelo fallido
Todo ello revela una verdad incómoda: el modelo actual de acogida a menores extranjeros no acompañados ha devenido en una maquinaria burocrática ineficaz, costosa e insegura, que ni protege a los supuestos beneficiarios ni garantiza la tranquilidad de los ciudadanos que la financian.
Los datos son tozudos. Millones de euros públicos invertidos en un sistema que aloja a adultos que simulan ser menores, que colapsa los servicios sociales, que convierte barrios humildes en zonas tensionadas, y que pone en jaque al propio personal de los centros, desbordado, de baja médica o víctima directa de agresiones. Más de 84.000 euros anuales por cada usuario, mientras miles de familias españolas ven recortadas sus ayudas o sufren listas de espera interminables en la sanidad o la dependencia. ¿Cuánto tiempo más puede sostenerse esta impostura?
La experiencia del centro de Hortaleza, símbolo de lo que ocurre ya en muchos otros puntos de España, es la prueba empírica de que no estamos ante un fenómeno puntual ni desafortunado, sino ante un modelo fallido que ha mutado en amenaza. Desde la permisividad institucional al silencio mediático, pasando por la desidia de los partidos tradicionales, todo el sistema se ha alineado contra la evidencia y contra el interés general. Por eso, hoy más que nunca, se impone una respuesta política clara: auditoría y control de los fondos públicos, exámenes médicos obligatorios para verificar la edad real, expulsión inmediata de aquellos que mientan o reincidan en actos delictivos, y cierre definitivo de centros como el de Hortaleza que han sobrepasado, hace ya mucho, el umbral de lo tolerable.
Porque el derecho a la seguridad de los españoles, a vivir sin miedo en su propio barrio, no puede seguir subordinado a un sistema que premia el fraude, la violencia y la impunidad. El centro de Hortaleza debe cerrarse no solo por lo que ocurre dentro, sino por lo que simboliza fuera: la rendición del Estado ante una inmigración desbordada, incentivada y, en última instancia, explotada.
Cerrar Hortaleza es empezar a recuperar el sentido común.