A medida que avanza la investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), van aflorando datos técnicos y administrativos de extrema gravedad que apuntan a posibles negligencias estructurales y a responsabilidades directas en la gestión pública de la infraestructura, situando al Gobierno y a Adif en el centro de la polémica.
Una soldadura fuera de norma, origen del siniestro
Según una investigación exclusiva publicada por El Español, la soldadura de la vía que colapsó en Adamuz no cumplía con el “rango de dureza” exigido por la normativa técnica de Adif. Este defecto habría provocado la fractura del carril, desencadenando el descarrilamiento inicial del convoy.
Los informes técnicos señalan que la soldadura presentaba valores inferiores a los mínimos reglamentarios, lo que compromete gravemente la resistencia del raíl frente a las tensiones propias de la alta velocidad. Se trata de un fallo detectable mediante controles ordinarios, lo que abre la puerta a una posible deficiencia en las inspecciones y en la certificación de la obra.
Un tramo con al menos 15 soldaduras similares
La gravedad del hallazgo aumenta al confirmarse que el tramo afectado no era un caso aislado. En la zona del accidente se han identificado al menos otras 15 soldaduras del mismo tipo, tanto en raíles ya en uso como en tramos nuevos pendientes de explotación. Los investigadores analizan ahora si estas soldaduras presentan defectos similares, lo que podría indicar un problema sistémico en la ejecución o supervisión de las obras.
Este dato refuerza la hipótesis de que el siniestro no fue fruto de un fallo puntual, sino de una cadena de negligencias técnicas acumuladas.
Más dinero público tras conocer vínculos con la “trama PSOE”
En paralelo a los hallazgos técnicos, han surgido informaciones de enorme impacto político. Según documentación conocida en el marco de la investigación, el Gobierno autorizó una ampliación de contratos por valor de seis millones de euros a la empresa responsable de la vía de Adamuz después de que ya existieran indicios de su vinculación con la denominada “trama PSOE”.
Estos pagos adicionales, realizados pese a las advertencias y a los antecedentes de la adjudicataria, han desatado acusaciones de imprudencia grave y posible trato de favor, al haberse mantenido la confianza en una empresa bajo sospecha en un ámbito tan crítico como la seguridad ferroviaria.
Adif y el Ministerio, bajo presión
Las revelaciones se suman a otros elementos ya conocidos. Es el caso de los audios del maquinista alertando del descarrilamiento y pidiendo cortar el tráfico con la llamativa respuesta del centro de mando: «no hay ningún tren». La ausencia de imágenes del accidente también levanta sospechas, ya que en la zona existían cámaras pero se ha declarado que estas no enfocaban la vía. Además, llama la atención la falta de datos cerrados sobre viajeros y protocolos aplicados tras la alerta inicial, dada por el maquinista del tren Iryo.
Todo ello ha intensificado la presión sobre el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, y sobre Adif, cuya responsabilidad directa abarca mantenimiento, inspección, certificación y supervisión de la infraestructura.
La Audiencia Nacional ya ha abierto diligencias previas para analizar posibles responsabilidades, mientras la CIAF continúa su investigación técnica. Sin embargo, desde la oposición y desde sectores jurídicos se cuestiona la capacidad del Ejecutivo para investigar con plena independencia un accidente que afecta directamente a organismos bajo su control.
Un patrón de negligencias, no un accidente inevitable
Con los datos actuales, la investigación apunta cada vez más a un escenario en el que el accidente de Adamuz no fue inevitable, sino el resultado de infraestructura defectuosa -solduras fuera de norma-, falta de controles eficaces y decisiones administrativas cuestionables sobre la adjudicación y ampliación de contratos. Todo ello, en un contexto de creciente malestar entre maquinistas y usuarios que ha derivado finalmente en una crisis ferroviaria sin precedentes, en la que otras líneas se han visto afectadas.
La decisión de Adif de limitar la velocidad en algunos tramos de la línea AVE Madrid – Barcelona también atrajo el foco mediático, obviando la paralela crisis del servicio de Rodalies y el accidente de Gelida que se cobró la vida de otro maquinista.
Las conclusiones finales aún no han sido emitidas, pero los indicios conocidos hasta ahora dibujan un panorama en el que la responsabilidad gubernamental ya no es solo política, sino potencialmente técnica y penal, en lo que se perfila como uno de los mayores escándalos de gestión de infraestructuras de los últimos años.