Irán cumple dos semanas prácticamente aislado del mundo, con el acceso a internet global cortado y una población sometida a una de las oleadas represivas más duras de los últimos años. Desde el 8 de enero, el régimen ha reducido las comunicaciones a una red interna controlada por el Estado, limitando el acceso a servicios locales y a medios oficiales, sin un calendario claro para la restitución de la conexión. La medida, sin precedentes por su duración y alcance, llegó tras una explosión de protestas que sacudió el país y que hoy ha quedado sepultada bajo el silencio.
Las movilizaciones comenzaron a finales de diciembre en los bazares de Teherán, impulsadas por el desplome del rial y el empobrecimiento acelerado de amplias capas de la población. En pocos días, las protestas trascendieron la reivindicación económica y se extendieron por todo el país con consignas abiertamente dirigidas contra la República Islámica. El punto álgido se alcanzó los días 8 y 9 de enero, cuando manifestaciones simultáneas estallaron en decenas de ciudades y el régimen respondió con una represión masiva, el despliegue de fuerzas de seguridad y el cierre casi total de las comunicaciones.
Desde entonces, el balance de víctimas se ha convertido en otro campo de batalla informativo. El Gobierno iraní cifra en 3.117 los muertos y acusa a Estados Unidos e Israel de instigar los disturbios, mientras que organizaciones de derechos humanos en el exterior elevan la cifra hasta 4.519 fallecidos, además de miles de heridos y detenidos. Con el país desconectado, verificar los datos resulta casi imposible, una circunstancia que favorece al régimen y dificulta cualquier presión internacional efectiva.
La desconexión digital no solo ha servido para asfixiar la protesta, sino también para paralizar buena parte de la vida económica y social. El Ejecutivo admite que el corte tiene un impacto, pero minimiza sus efectos y asegura que algunas grandes empresas disponen de acceso mediante direcciones IP fijas. Sin embargo, evita concretar cuándo se restablecerá la red global. Tras anunciar que el servicio volvería antes de final de semana, el propio viceministro de Interior, Ali Akbar Pourjamshidian, reconocía días después que “no está claro” cuándo se normalizará la situación.
Mientras Irán se sumerge en esta oscuridad informativa, el contraste con la reacción internacional resulta llamativo. Hace apenas unos meses, el conflicto en Gaza movilizaba protestas constantes en capitales occidentales, con manifestaciones masivas, pronunciamientos institucionales y una cobertura mediática permanente. Hoy, ante una represión interna sostenida, miles de muertos y un país entero desconectado, la respuesta internacional es tibia cuando no inexistente. No hay grandes marchas que desafíen a una teocracia que convierte la vulneración de derechos en sistema de gobierno.
En el plano diplomático, el silencio es igualmente elocuente. Más allá de comunicados genéricos y advertencias retóricas, la comunidad internacional parece resignada a gestionar la crisis iraní como un asunto secundario, eclipsado por otros conflictos y por cálculos estratégicos. El régimen de Teherán, consciente de ello, gana tiempo: reprime, incomunica y espera a que la atención global se desplace a otro lugar.
Dos semanas después, Irán no solo sigue sin internet. Sigue, sobre todo, sin testigos.