El cantante exige a la vicepresidenta una rectificación pública y una indemnización millonaria por intromisión ilegítima en el honor, tras vencer el plazo sin que la líder de Sumar se retractara.

El pulso judicial entre el artista español más internacional y el ala radical del Ejecutivo entra en una fase decisiva. El cantante Julio Iglesias ha presentado formalmente este miércoles una demanda ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo contra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras cumplirse el plazo legal sin que la dirigente de Sumar se haya retractado de las graves acusaciones vertidas contra su persona.

La acción judicial, que también se dirige contra el diario digital elDiario.es, obedece a una presunta intromisión ilegítima en el derecho al honor, así como a sendos delitos de injurias y calumnias con publicidad. El equipo jurídico del artista reacciona así a las manifestaciones públicas en las que Díaz llegó a calificar a Iglesias de «esclavista» y «abusador» al albur de unas informaciones periodísticas.

Sin acuerdo de conciliación previo

La ofensiva en el Alto Tribunal se produce después de que finalizara el margen otorgado por los letrados del cantante para que la ministra de Trabajo rectificara públicamente sus palabras. Al no haberse producido ningún atisbo de rectificación ni disculpa institucional por parte de la vicepresidenta, la representación legal de Julio Iglesias ha dado el paso definitivo registrando la demanda en el Supremo, dada la condición de aforada de la ministra.

Fuentes cercanas a la defensa del artista sostienen que las descalificaciones pronunciadas por Yolanda Díaz rebasan con creces los límites de la libertad de expresión y de la crítica política. A juicio de la representación legal de Iglesias, la líder de Sumar utilizó su altavoz institucional para imputar conductas delictivas de extrema gravedad a un ciudadano sin que exista condena alguna ni prueba judicial que las respalde.

Indemnización y rectificación en el foco

Además de la exigencia de una retractación pública e inmediata en los mismos medios y soportes donde se difundieron las acusaciones, la demanda contempla la solicitud de una relevante indemnización económica por los daños morales y reputacionales causados a la imagen internacional del intérprete.

Con la entrada de la demanda en el Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil deberá decidir en los próximos días sobre la admisión a trámite de una causa que sitúa de nuevo a un miembro del Gobierno en el centro de la polémica judicial por sus ataques verbales a figuras públicas.