La Audiencia Nacional ha asumido formalmente la investigación sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra. El juez José Luis Calama ha aceptado la competencia para instruir la causa y ha acordado mantener el secreto de las actuaciones.
En un auto reciente, el magistrado ha reclamado las diligencias al juzgado de Madrid que hasta ahora llevaba el procedimiento y que la pasada semana se inhibió en favor del tribunal central.
Cambio de competencia judicial
José Luis Calama, titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, actúa en este caso como juez de la Plaza 2 tras la abstención del magistrado Ismael Moreno.
La decisión supone un giro relevante en un procedimiento que ya fue investigado previamente por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. En aquella fase, la causa fue archivada con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.
Sin embargo, nuevas diligencias impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción han reactivado el caso y ampliado su alcance.
Indicios de posible blanqueo
En 2024, la Fiscalía Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, detectó indicios de que parte del dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear fondos presuntamente procedentes de corrupción en Venezuela.
Tras más de un año de investigación, en diciembre de 2025 fueron detenidos —y posteriormente puestos en libertad— el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el consejero delegado, Roberto Roselli; un abogado vinculado al caso y el empresario Javier Martínez Martínez.
La operación incluyó registros en las oficinas centrales de la compañía, donde agentes de la UDEF recabaron documentación fiscal y societaria.
Un caso con mayores ramificaciones
El análisis de la documentación intervenida llevó a la instructora inicial a considerar que el asunto podía tener ramificaciones más amplias que las contempladas en la querella original.
La asunción del caso por la Audiencia Nacional refuerza la dimensión del procedimiento, dado que este tribunal es competente en delitos económicos de especial trascendencia, especialmente cuando pueden afectar a intereses supraterritoriales o a la Hacienda pública.
Por el momento, el secreto de las actuaciones impide conocer el alcance concreto de las nuevas líneas de investigación, pero la decisión judicial confirma que el rescate de Plus Ultra vuelve a situarse en el centro del foco judicial.