La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Koldo’ que eleve al Tribunal Supremo una petición para investigar al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. La solicitud se produce al considerar que hay indicios de que Ábalos pudo haber cometido delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal.
Esta solicitud se basa en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el cual señala que Ábalos jugó un papel relevante en la presunta trama liderada por su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. La Guardia Civil sostiene que las evidencias encontradas, tanto en las conversaciones interceptadas como en los documentos incautados, vinculan a Ábalos con una relación económica directa entre Koldo y De Aldama, lo que refuerza la necesidad de investigar al exministro.
Uno de los puntos más controvertidos de este caso es el papel que Ábalos habría jugado en la concesión del rescate financiero a Air Europa. Según el informe de la UCO, Aldama habría utilizado su influencia a través de Koldo para asegurar el rescate de la aerolínea. Además, las conversaciones interceptadas revelan que Ábalos mantuvo reuniones con miembros clave del Gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez, para tratar sobre este y otros asuntos.
Otro aspecto importante de la investigación gira en torno a la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España. Ábalos habría facilitado un encuentro «discreto» con la líder venezolana, lo cual ha generado sospechas adicionales sobre la transparencia de sus gestiones.
La investigación se amplía además a propiedades inmobiliarias vinculadas a Ábalos, incluida la posible compra de un chalet a través de una trama de fraude en hidrocarburos, gestionada por Aldama.
Si el Tribunal Supremo decide aceptar la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, la figura de José Luis Ábalos podría enfrentar un examen judicial profundo, lo que generaría nuevas implicaciones políticas y judiciales.