La Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid ha abierto una investigación por un posible fraude en el uso de fondos de la Unión Europea destinados al mantenimiento del tramo de alta velocidad entre Madrid y Sevilla que pasa por Adamuz (Córdoba), donde el pasado 18 de enero se produjo un accidente ferroviario en el que murieron 46 personas.
Según ha informado la propia EPPO, las pesquisas se centran en los trabajos de mantenimiento realizados en la vía a la altura del kilómetro 318,7 de esta línea de alta velocidad, un punto cercano al lugar del siniestro. La institución, encargada de perseguir delitos que afecten a los intereses financieros de la UE, ha confirmado la apertura del caso de forma excepcional debido al elevado interés público.
Sospechas sobre el uso de fondos europeos
Las investigaciones buscan determinar si en la gestión de estos fondos pudo haberse cometido un delito de malversación de caudales públicos o de fraude en subvenciones europeas. Según fuentes jurídicas, se analiza especialmente el destino de más de 100 millones de euros procedentes de los fondos FEDER asignados a estas labores de mantenimiento.
La decisión de abrir la investigación se produjo tras un periodo previo de verificación en el que se examinó el uso de estos recursos y la posibilidad de que se hubieran empleado de forma irregular.
Un accidente bajo investigación judicial
En paralelo, la investigación sobre las causas del accidente sigue bajo la supervisión del magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que actúa como juez de garantías en el procedimiento de la Fiscalía Europea.
Esta misma semana se ha conocido un informe técnico remitido a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que refuerza la hipótesis de una rotura de la vía como origen del descarrilamiento.
El documento, elaborado por la empresa Hitachi, responsable del sistema de señalización, apunta a una «caída de tensión en el circuito de vía» detectada unas 22 horas antes del accidente, un indicio compatible con un fallo estructural en la infraestructura.
En el siniestro se vieron implicados un tren de alta velocidad de Iryo, con más de 300 pasajeros, y un convoy Alvia con cerca de 200 personas a bordo.
El Gobierno defiende la gestión de los fondos
Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han asegurado que la justificación de los fondos europeos se realizó «con absoluta normalidad» conforme se ejecutaban las obras de mantenimiento.
Asimismo, el departamento ha subrayado su disposición a colaborar con la Fiscalía Europea, al igual que el administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, que ya está facilitando la documentación requerida.
La investigación se encuentra en una fase inicial y, por el momento, la EPPO no ha ofrecido más detalles sobre el alcance de las posibles irregularidades.