Los autodenominados “pacifistas” de la flotilla que zarpó rumbo a Gaza no solo viajaron por el Mediterráneo a cuenta de su propio voluntarismo ideológico. También lo hicieron, literalmente, a cuenta del contribuyente.
Cuatro cargos públicos —entre ellos representantes de ERC, Comuns y Podemos— permanecieron más de un mes fuera de sus puestos oficiales participando en la llamada Global Sumud Flotilla, un viaje que terminó interceptado por Israel y sin ningún resultado humanitario tangible. Sin embargo, durante todo ese tiempo, siguieron cobrando su sueldo íntegro. Según datos publicados por ABC, la cifra total asciende a 12.569 euros netos, dinero que proviene del mismo bolsillo de los ciudadanos a los que dicen representar.
“No hay norma que lo impida”
En declaraciones a varios medios, uno de los participantes, el concejal de ERC en Barcelona, Jordi Coronas, llegó a afirmar con serenidad que “no hay ninguna norma que me impida seguir cobrando”, justificando su travesía como una prolongación de su “actividad política”.
Las normas que sí existen… y se ignoraron
Ni la ética ni la normativa amparan que un cargo público abandone su puesto por motivos ideológicos o militantes y siga percibiendo su retribución completa. El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y los reglamentos municipales establecen que las ausencias injustificadas o las incompatibilidades con el desempeño del cargo deben ser comunicadas y justificadas. Asimismo, el Código de Conducta de Altos Cargos de la Generalitat exige “ejercer sus funciones con dedicación plena y exclusiva al servicio público, evitando situaciones que puedan afectar la confianza ciudadana”.
Nada de eso se cumplió. Los concejales y diputados que se embarcaron en la flotilla no solicitaron excedencias, permisos sin sueldo ni justificaron su ausencia como comisión oficial. No lo hicieron porque no lo era. Era, sencillamente, una aventura política, un gesto ideológico envuelto en retórica humanitaria, pero sin autorización ni cobertura institucional.
Ética pública y cinismo político
El problema no es solo legal, sino moral. Mientras España enfrenta problemas graves —paro, déficit, precariedad, vivienda elevadísima, inflación, inseguridad, falta de confianza en la clase política—, estos dirigentes decidieron embarcarse en una travesía que no ayudó a nadie, interrumpió su servicio público y, sin embargo, mantuvieron su nómina completa. El gesto tiene todos los ingredientes de la decadencia política: activismo subvencionado, militancia institucionalizada y cinismo moral.
Una travesía sin éxito ni decencia
La flotilla no logró su objetivo: fue interceptada, detenida y devuelta. Ningún cargamento llegó a Gaza, ningún muro se rompió. Lo único que quedó fue la imagen de unos políticos que confunden el cargo con la causa, y el dinero de todos los españoles invertido en financiar su “viaje de conciencia”.
En cualquier empresa privada, una ausencia injustificada de un mes se traduce en despido. En el sector público, parece traducirse en titulares y dietas pagadas. Lo que empezó como una supuesta misión humanitaria terminó siendo un símbolo del deterioro ético de una clase política que no rinde cuentas, ni devuelve lo que no trabajó. Y para rematar la ironía… el billete de vuelta, también lo pagaste tú.