La reciente misión de la Global Sumud Flotilla ha desatado esta mañana un nuevo foco de controversia en la política española: durante más de un mes, al menos cuatro cargos públicos que participaron activamente en el viaje siguieron cobrando el salario completo a pesar de no cumplir sus funciones institucionales.
Según el diario ABC, los cuatro dirigentes —Juan Bardera, Pilar Castillejo, Jordi Coronas y Lucía Muñoz— habrían percibido un total de 12.569 euros netos entre todos, durante el tiempo que estuvieron desplazados en alta mar. Las cuantías individuales oscilan entre 2.700 y 4.128 euros netos por persona, correspondientes al salario mensual íntegro que cada uno percibe por su cargo.
Señala la información que estos cargos públicos no solicitaron excedencias ni renunciaron al ingreso mientras duró su ausencia del puesto —más de treinta días— y que, además, ya habían disfrutado de sus vacaciones estivales. En particular, el concejal de ERC en Barcelona, Jordi Coronas, figura como uno de los más señalados: estuvo 35 días fuera de su actividad municipal pero, según él mismo ha reconocido públicamente, seguirá cobrando su salario íntegro.
Reacciones y debate público
El episodio ha generado una ola de críticas por parte de sectores ciudadanos y medios, que denuncian un uso injustificado de fondos públicos y una falta de ética política. Algunos analistas consideran que esta circunstancia pone en evidencia una falta de responsabilidad en quienes ostentan cargos electos, especialmente cuando sus ausencias coinciden con actividades políticas o activistas.
Por otro lado, los propios implicados defienden que su participación en la flotilla tiene carácter político y simbólico, y que no existe una legislación clara que les obligue a renunciar por ausencias motivadas por estas actividades. En declaraciones recogidas por medios catalanes, Coronas justifica que “ser parte de la flotilla” forma parte de su actividad pública como concejal, por lo que entiende que no debe considerarse una simple ausencia.