El reciente anuncio de la tributación Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ha generado una ola de críticas y tensiones dentro del Gobierno de coalición. La medida, impulsada por el Ministerio de Hacienda, afecta especialmente a los trabajadores solteros sin hijos y ha sido cuestionada tanto por socios gubernamentales como por la oposición y los sindicatos.
Hasta ahora, el SMI estaba exento de tributación en el IRPF, pero con esta nueva normativa, quienes perciban el salario mínimo deberán contribuir fiscalmente. La decisión se basa en el incremento acumulado del SMI, que ha subido un 61% en los últimos años, alcanzando los 1.184 euros mensuales en 14 pagas.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la medida argumentando que es una práctica común en otros países europeos y que el aumento del SMI justifica su inclusión en el sistema tributario. Según Montero, el Gobierno busca garantizar un reparto equitativo de la carga fiscal sin afectar la sostenibilidad del sistema.
Tensiones en el Gobierno y rechazo de sus aliados
Sin embargo, esta decisión no ha sido bien recibida por todos los miembros del Ejecutivo. Sumar, socio de coalición del PSOE, ha expresado su malestar y ha solicitado que se reconsidere la tributación del SMI para no perjudicar a los trabajadores con menos recursos.
La oposición y los sindicatos han calificado la medida como regresiva, argumentando que golpea directamente a los que menos ganan mientras se mantienen intactos impuestos sobre sectores como las grandes eléctricas o el mercado del alquiler. Además, denuncian que el Gobierno está retirando beneficios fiscales a los trabajadores más vulnerables sin ofrecer medidas compensatorias.
El Gobierno se mantiene firme en su decisión
A pesar de las críticas, el Ejecutivo ha confirmado que no tiene intención de dar marcha atrás. Hacienda considera que la medida es necesaria y no contempla retroceder en la eliminación de la exención del IRPF para el SMI. Esta postura ha generado un fuerte debate político y económico, en un momento en el que el Gobierno intentaba destacar la subida del SMI y la actualización de las pensiones como logros de su gestión.
La controversia en torno a esta decisión ha eclipsado otros anuncios del Ejecutivo, como el propio incremento del salario mínimo y la revalorización de las pensiones. El coste político de esta medida podría pasar factura al Gobierno en futuros debates parlamentarios y en la percepción ciudadana sobre su compromiso con los trabajadores.