¿Qué pasaría si se supiera que la mitad de los nuevos parados en España son inmigrantes? Mientras el Gobierno presume de haber superado los tres millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan una realidad más compleja: solo el 30% de los inmigrantes residentes en el país cotiza de forma activa. El resto, en su mayoría, queda fuera del sistema o se sostiene en la economía sumergida.
A pesar del relato oficial, uno de cada cuatro extranjeros en edad laboral no aporta al sistema, y solo dos de cada diez marroquíes tienen empleo registrado. La foto fija del mercado laboral inmigrante dista mucho del triunfalismo gubernamental y pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿de qué vive el 70% restante?
Solo 2 de cada 10 marroquíes trabaja en España
El caso de los inmigrantes de Marruecos resume muchas de las tensiones del modelo actual. Aunque son el colectivo extranjero más numeroso en España, con más de 383.000 afiliados a la Seguridad Social al cierre de mayo de 2025, su tasa real de ocupación apenas alcanza el 22%. La mayoría no trabaja o lo hace fuera del sistema formal, lo que cuestiona la efectividad de su integración laboral.
Este desfase entre presencia y participación activa en el mercado de trabajo plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del relato oficial. La supuesta aportación neta de la inmigración al sistema de pensiones y a los servicios públicos pierde fuerza cuando se observan datos como estos, especialmente en colectivos donde la ocupación es mínima y la dependencia del Estado tiende a cronificarse.
El paro se dispara en los inmigrantes
A esto se suma su protagonismo en las cifras de desempleo. De los 117.000 nuevos parados registrados recientemente en España, más de 60.000 son extranjeros. Una sobre-representación evidente que no se corresponde con su peso real en la población activa y que confirma la fragilidad estructural de su integración laboral. Lo que en teoría debería ser una fuente estable de empleo y riqueza, en la práctica se traduce en bolsas de paro y precariedad.
Cataluña es un reflejo claro de esta distorsión. Allí, más de 410.000 personas nacidas en el extranjero ya tienen nacionalidad española. Muchos de ellos son de origen marroquí, y aunque no aparecen en las estadísticas de extranjería, sufren los mismos obstáculos de inserción. Son la parte invisible del sistema: no computan como inmigrantes, pero sí como parados. Una realidad que el discurso oficial aún se resiste a reconocer.
El relato que no cuadra de los socialistas
Desde el año 2020, los trabajadores extranjeros han copado el 41% de los empleos creados en España, según fuentes oficiales del Gobierno. En 2024, esta tendencia se mantuvo: entre el 40% y el 42% del nuevo empleo generado fue ocupado por personas migrantes.
El principal motor de creación de empleo ha sido la agricultura, con un crecimiento del 80%, seguida por la hostelería, el comercio y la construcción, con incrementos de entre el 45% y el 60%. Todos estos sectores se caracterizan por unas condiciones laborales frágiles y una baja cotización.
El Gobierno no solo ha presumido del número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, sino también del aumento en los puestos de trabajo. Lo que no menciona es que la mayoría de estas nuevas altas corresponden a contratos temporales, intermitentes o en sectores de escasa aportación fiscal, como el agrario.
Según datos del Ministerio de Trabajo, el 60% de los contratos indefinidos firmados hasta junio de 2025 han sido a tiempo parcial o fijos discontinuos. Además, de los 1,37 millones de contratos rubricados en junio, más de 800.000 fueron de carácter temporal, lo que representa el 58% del total, frente al 41% de indefinidos.
Los datos son claros: el aumento de afiliados extranjeros no implica necesariamente una mejora estructural del empleo ni un mayor beneficio para el Estado. Con este Gobierno, es cierto que han subido las contrataciones, pero lo han hecho sobre todo en el terreno de los trabajos precarios.
Por Carlos Angola Mannucci