Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dado inicio a una ofensiva legal contra la Ley de Amnistía al registrar el primer recurso ante el Tribunal Constitucional. Este movimiento marca el comienzo de una serie de acciones legales por parte de las regiones gobernadas por el Partido Popular (PP), en un esfuerzo por desafiar la nueva legislación que ha generado un profundo desacuerdo en el ámbito político.
La Comunidad de Madrid ha liderado el proceso, seguida por otras autonomías del PP, incluyendo Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Cantabria, y Aragón. Estos gobiernos han presentado sus recursos en contra de la Ley de Amnistía, alegando diversas infracciones constitucionales y reglamentarias durante su tramitación en el Congreso.
Además, los recursos incluyen peticiones de recusación contra tres magistrados del Tribunal Constitucional: Cándido Conde-Pumpido (presidente del TC), Juan Carlos Campo (exministro de Justicia), y Laura Díez (exalto cargo en la Moncloa). Los críticos argumentan que estos magistrados tienen una «notoria vinculación ideológica» con el PSOE, lo que podría comprometer la imparcialidad en la evaluación de la constitucionalidad de la ley.
Argumentos contra la Ley de Amnistía
Isabel Díaz Ayuso ha calificado la Ley de Amnistía como una medida «obscenamente inconstitucional», que infringe los preceptos de la Constitución y el Reglamento del Congreso, provocando una «reforma encubierta» de la Constitución Española. Según Ayuso, la ley fue diseñada «al dictado de los que intentaron dar un golpe de Estado en Cataluña» y representa un esfuerzo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para consolidar su poder.
El Gobierno valenciano, liderado por Carlos Mazón, también ha presentado su recurso con el objetivo de preservar la «igualdad ante la Justicia» para todos los españoles. El recurso cuenta con el respaldo del Consejo Jurídico Consultivo valenciano, que ha validado el recurso para la revisión judicial de la Ley de Amnistía.
Reacciones y próximos pasos
El Gobierno de Aragón ha argumentado que la Ley de Amnistía vulnera el principio de separación de poderes y la independencia del Poder Judicial, ya que excluye al poder judicial del control sobre el poder político. El Ejecutivo aragonés sostiene que la norma representa una quiebra del Estado de derecho.
Por otro lado, el Gobierno andaluz ha aprobado la presentación de su recurso y también ha solicitado la recusación de los magistrados mencionados, buscando garantizar la imparcialidad del Tribunal Constitucional en el proceso de deliberación.
En respuesta a las acciones legales y críticas, Pedro Sánchez ha sido acusado de intentar cambiar el modelo territorial de España y beneficiar a Cataluña mediante la Ley de Amnistía. Ayuso ha acusado al presidente del Gobierno de actuar de manera autoritaria y de ignorar los problemas reales de los ciudadanos en su afán por mantenerse en el poder.