La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha generado una intensa polémica tras conocerse los resultados de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El informe concluye que no existen pruebas directas de que García Ortiz filtrara información confidencial sobre el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, la ausencia de mensajes en el móvil del fiscal durante los días clave del caso ha levantado sospechas.
Según el informe de la UCO, entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, período crítico para esclarecer una posible filtración, no se encontraron mensajes en el dispositivo móvil del fiscal general. Este vacío de información se debe a que García Ortiz cambió de teléfono antes de que se clonara el dispositivo y el móvil anterior fue formateado. Aunque el fiscal justificó esta acción como cumplimiento de las normas de protección de datos establecidas por el Ministerio Fiscal en 2019, la oposición y algunos sectores han considerado que esta eliminación intencionada es sospechosa y mina su credibilidad.
En el ordenador de García Ortiz se localizaron dos correos electrónicos relacionados con el caso, pero no aportaron evidencias suficientes para vincularlo directamente con la supuesta filtración. La investigación, centrada en un correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, detallaba un intento de pacto con la fiscalía por un fraude fiscal superior a 350.000 euros.
El presidente Pedro Sánchez ha cerrado filas en torno a García Ortiz, criticando las acusaciones de la oposición y exigiendo que quienes lo atacaron sin pruebas pidan disculpas públicas. «¿Quién le va a pedir perdón ahora?», cuestionó Sánchez, defendiendo la profesionalidad del fiscal general. Además, Sánchez destacó que el novio de Ayuso reconoció haber cometido un delito fiscal, lo que ha avivado aún más el debate político.
Por su parte, la oposición ha calificado de «inadmisible» la situación y ha insistido en que la eliminación de mensajes pone en tela de juicio la independencia y la transparencia del fiscal general. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, acusó al Gobierno de utilizar las instituciones del Estado para perjudicarla políticamente, calificando a Sánchez de «cobarde».