El pasado lunes, 7 de julio, en las inmediaciones del Centro de Acogida, Emergencias y Derivación del acuartelamiento Primo de Rivera, en Alcalá de Henares, se respiraba un ambiente totalmente contrario al vivido la semana pasada. Unos días antes, los vecinos del esta ciudad madrileña se echaron a las calles tras conocer la violación de una joven a manos de unos de los internados en el centro.
Desencadenante de los hechos
El autor, un maliense de 21 años, se abalanzó sobre la joven en un camino de tierra que rodea el perímetro, abusó de ella físicamente, propinándole varios golpes con el objetivo de aturdirla, para después proceder a violarla. Los gritos alertaron a un hombre que paseaba por el próximo parque “Bosque del Quijote”, procediendo a llamar a la Policía Nacional, que se personó en el lugar. Con la descripción de la víctima y del testigo, los agentes entraron al centro de inmigrantes para proceder a la detención.
Todo el crimen fue captado por las cámaras de seguridad del CAED que fueron puestas cuando el Ministerio de Migraciones, decidió unilateralmente, sin consultar a los vecinos, ubicar este lugar de paso para los cientos y miles de inmigrantes ilegales que llegan a las costas españolas de las islas canarias.
Según el propio Ministerio, el centro cuenta con una capacidad de 1.130 personas, pero afirman desde la propia gestión que ya se superan los 1.500 inmigrantes. Completamente hacinados, sin nada que hacer, se reúnen en el parque frente a la entrada, donde pasan el día, según los vecinos, “fumando y bebiendo”, pero también, siguiendo y tocando a chicas y mujeres jóvenes, que ya no pueden pasear en paz por su propio barrio. Las violaciones con penetración en la urbe han aumentado un 62,5% desde hace dos años, casualmente el mismo tiempo que lleva abierto el centro de internamiento.
Es el drama al que el gobierno de España ha empujado a su sociedad. Una tónica habitual, ya en demasiados barrios y localidades donde las ONG operan, estos CAED, CAPI, CREADE, CETI,… Un mar infinito de siglas, con un significado común: conflicto.
Un conflicto artificialmente creado por una política migratoria que, a día de hoy, se cobra miles de víctimas en forma de acosos, violaciones, robos, tráfico de drogas, inseguridad y también muertes. No solo muertos de los países receptores. La política de acogida, genera este nefasto efecto llamada, empujando a miles al mar, causando la muerte a miles de personas cada año. En palabras de Samuel Vázquez, Portavoz Nacional de Asuntos de Interior, Seguridad e Inmigración de VOX, “el Mediterráneo, se ha convertido en un cementerio”.
¿Quiénes están detrás de estos centros?
El CAED de Alcalá de Henares está gestionado por ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migraciones), una ONG fundada en 1991 especializada en la atención a migrantes y solicitantes de asilo en España. Actualmente, ACCEM gestiona un total de 24 centros de acogida en diferentes puntos del país formando parte, junto con Cruz Roja y CEAR, del tridente principal de organizaciones subvencionadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para este tipo de servicios. Desde 2020, ACCEM ha recibido aproximadamente 260 millones de euros en subvenciones públicas para la administración de estos centros.
Financiación como siempre, multimillonaria
En el caso específico del acuartelamiento Primo de Rivera, en Alcalá de Henares, la organización ha gestionado cuantiosos contratos públicos.
Según una investigación de ‘La Gaceta’ llevada a cabo por Rubén Pulido, ACCEM cobró desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2024 más de 11 millones de euros (exactamente 11.342.360 €), destinados exclusivamente a la gestión integral del centro, incluyendo traslados desde Canarias, transporte, atención médica, traducción e interpretación. Esto equivale a más de un millón de euros mensuales en gasto público en un único centro, calificado por Pulido como «un polvorín financiado con más de 11 millones».
Esta revelación adquiere aún mayor relevancia tras la reciente agresión sexual cometida por un interno maliense contra una joven de Alcalá de Henares el pasado 28 de junio, lo que reactivó con fuerza el malestar social y confirmó, según la investigación de Pulido, la preocupante «opacidad y falta de control» en estos espacios.
En medio de esta situación, la empresa pública TRAGSA (dependiente del SEPI) anunció el pasado 1 de julio una nueva licitación y apertura del plazo para presentar ofertas, para el servicio de catering del centro, estimado en hasta 18 millones de euros, para el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y junio de 2026. El coste previsto es de aproximadamente 35 euros diarios por persona, una cifra que contrasta notablemente con los 28 euros diarios asignados a las dietas de agentes policiales UIP en servicio, los 3,5 euros diarios destinados a comedores escolares, y los 7 euros por día destinados en residencias geriátricas.
Inicialmente, este contrato había sido adjudicado a «Leonesa Catering y Servicios SL», empresa relacionada con un exdirigente del PP en León y con conexiones con Mensajeros de la Paz. No obstante, debido a una apelación presentada por otra empresa licitadora, el contrato se anuló temporalmente y tuvo que ser retirado del proceso a través de su desistimiento.
Las quejas sobre el servicio de catering son recurrentes. El medio local Alcalá Hoy informaba en abril pasado de protestas realizadas por los propios inmigrantes alojados en el CAED, quienes denunciaban la baja calidad y escasa variedad de los alimentos proporcionados, concluyendo que además de una cifra desproporcionada de financiación, estaba dando un servicio pésimo, únicamente dando cabida a especulaciones de malversación con los fondos previstos en la contratación.
Este conjunto de hechos ha generado una profunda indignación entre la población local. A los problemas de convivencia, seguridad ciudadana y orden público se suma ahora el malestar derivado del evidente desequilibrio entre el gasto destinado a inmigrantes ilegales y los presupuestos públicos destinados a servicios básicos para los ciudadanos españoles. La tensión social resultante ha desembocado en protestas vecinales, enfrentamientos con las autoridades e incluso exigencias de clausura inmediata del centro por parte de la alcaldesa Judith Piquet (PP), que en el momento de su apertura, en noviembre de 2023, alertó de que estos sucesos podrían llegar a pasar, si desde el gobierno no se reforzaba las medidas de seguridad..
El CAED gestionado por ACCEM en Alcalá se ha convertido en un símbolo de las contradicciones de la política migratoria española actual, donde los cuantiosos recursos públicos invertidos parecen no traducirse en una mejora efectiva ni para los vecinos ni para los propios internos del centro, profundizando así la brecha social y generando un grave conflicto político y ciudadano.