El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteará a las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes de este viernes triplicar la inversión pública en vivienda. Propone basar este acuerdo en diversos compromisos, pasando de los 2.300 millones que se movilizaron en el Plan Estatal 2022-2025, a unos 7.000 para el periodo 2026-2030.
Además, el líder del Ejecutivo propondrá la posibilidad de crear una base pública de precios de alquiler y compraventa de inmuebles. Todo esto, según fuentes de la Moncloa, mediante una carta a los presidentes autonómicos, para que la Conferencia de Presidentes de Barcelona sirva como punto de partida para la aprobación de un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda.
Una política compartida
Desde el Gobierno central se comprometen en el nuevo plan a aportar el «grueso» de esa suma, unos 4.000 millones. Esto, siempre y cuando las comunidades autónomas «asuman su corresponsabilidad y aporten al menos 2.700 millones».
Y es que Pedro Sánchez recuerda que la política de vivienda es una competencia compartida y que las autonomías «nunca han recibido tantos recursos del Estado como ahora». Añade que «es esencial que parte de esos recursos se destinen a construir y rehabilitar más vivienda pública, en régimen de propiedad y alquiler».
Una base de datos pública para competir con portales privados
Sánchez también ha pedido a las comunidades «acabar con el monopolio de la información de los portales privados». Para ello, habla de la creación de una base de datos pública que, según su Gobierno, permita a las Administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compra/venta o alquiler en su ciudad. «Solo con esa transparencia se podrán diseñar políticas públicas realmente eficaces, y ayudar a la ciudadanía a negociar de forma adecuada el precio de su casa», prosigue.
En otro orden de cosas, Sánchez también ha planteado a las comunidades la posibilidad de blindar la calificación de las viviendas con protección pública. El Ejecutivo continúa con su discurso: «en los últimos 45 años, las Administraciones públicas construyeron en España más de 2,4 millones de viviendas protegidas, pero la práctica totalidad de esas viviendas acabaron siendo descalificadas y vendiéndose en el mercado libre a precios elevados o en manos de fondos buitre».
Finalmente, Sánchez aclara en su escrito que quiere que los presidentes autonómicos se comprometan a que todas «las viviendas que se financien con dinero público mantengan de forma permanente su calificación de vivienda protegida y, por tanto, ofrezcan siempre una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía». El socialista quiere alcanzar un acuerdo antes de verano.