Vox ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños; y el abogado general del Estado, David Vilas Álvarez. La denuncia por la Abogacía del Estado, que alega delitos de prevaricación administrativa y malversación, se centra en el manejo del caso de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, quien está siendo investigada por presuntas irregularidades en sus negocios.
La investigación contra Begoña Gómez se originó a partir de una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias. Las acusaciones apuntan a posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, específicamente relacionadas con su participación en la adjudicación de contratos públicos. Según la denuncia, Gómez habría utilizado su posición para influir en la concesión de contratos a empresas vinculadas a sus asociados, como la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley, del empresario Carlos Barrabés, y otras relacionadas con el programa Red.es.
El Gobierno, por su parte, ha desestimado las acusaciones, calificándolas de infundadas. Félix Bolaños ha afirmado que no hay «nada de nada» en la investigación y espera que el caso se archive lo antes posible. La defensa de Begoña Gómez, encabezada por el exministro Antonio Camacho, ha criticado la investigación como una «persecución despiadada» y ha señalado que las garantías judiciales no están siendo respetadas.
Implicaciones políticas
La querella de Vox es vista como parte de una estrategia más amplia de la oposición para debilitar al gobierno de Pedro Sánchez. Santiago Abascal, líder de Vox, ha insistido en que Sánchez debe aclarar su papel en las reuniones relacionadas con los negocios de su esposa, señalando la presencia del presidente en encuentros clave en Moncloa. Además, Abascal y otros miembros de Vox han acusado a Sánchez de utilizar de manera «abusiva, espuria y arbitraria» la Abogacía del Estado para proteger sus intereses y los de su esposa.
El juez Juan Carlos Peinado, encargado del caso, ha citado a Pedro Sánchez a declarar como testigo en el Palacio de la Moncloa. La declaración, que será grabada, busca esclarecer las reuniones y el posible tráfico de influencias en cadena. Esta medida subraya la gravedad de las acusaciones y la necesidad de investigar a fondo las posibles implicaciones del presidente en el caso