España invertirá 10.471 millones de euros en defensa durante 2025, adelantando en cuatro años su compromiso con la OTAN de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar. El anuncio, hecho por Pedro Sánchez desde La Moncloa, refleja no solo una decisión militar, sino también política, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional y la presión por reforzar la autonomía estratégica europea ante la posible vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca.
Buena parte del presupuesto irá destinado a mejorar las condiciones de las Fuerzas Armadas, con mejores sueldos, más formación y nuevos efectivos, mientras que el resto se repartirá entre ciberdefensa, equipamiento, misiones internacionales y emergencias. El Gobierno estima que esta inversión generará hasta 10.000 empleos y un impacto positivo en el crecimiento económico. Sin embargo, una parte significativa del dinero será entregado a la industria como préstamos, lo que impide que se contabilice como inversión militar real según los criterios de la OTAN.
El anuncio ha generado tensiones dentro del propio Ejecutivo. Yolanda Díaz y el ala izquierda del Gobierno critican la medida por considerarla desorbitada, no consensuada y alejada de una política de defensa más civil y transparente. Además, al no existir presupuestos generales aprobados para este año, el plan se aplicará sin pasar por el Congreso, lo que ha sido interpretado como una forma de evitar el desgaste político y la imagen de una coalición fragmentada.
¿Se trata de una apuesta estratégica para reforzar la defensa europea o de una jugada política que prioriza intereses industriales y partidistas?
