El caso Koldo, ese que algunos intentaron despachar como un episodio menor protagonizado por un asesor con ínfulas, se convierte, día tras día, en algo mucho más profundo. Y sobre todo, mucho más incómodo para el Gobierno de Pedro Sánchez.
Ayer la UCO entraba en las casas de altos cargos del Ministerio de Transportes. Altos cargos nombrados durante el mandato del PSOE.
Los registros afectan a Isabel Pardo de Vera, expresidente de ADIF, y a Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. Y no solo sus domicilios han sido objeto de la operación. También se han requisado documentos en la propia sede del Ministerio de Transportes y en ADIF. Las órdenes proceden de la Audiencia Nacional, que trabaja ya sobre una pieza separada bajo secreto de sumario.
La acusación es clara: adjudicaciones amañadas a favor de empresas amigas. En concreto, a favor de Levantina Ingeniería y Construcción, cuyo propietario, José Ruz, aparece en grabaciones pidiendo directamente favores al propio Koldo García. Esas grabaciones, realizadas por el propio asesor de Ábalos son ahora pruebas clave en una investigación que cada vez apunta más alto.
Una de las conversaciones más reveladoras es de noviembre de 2020. Koldo García le pide a Pardo de Vera una adjudicación para Levantina.
