Hoy, tras un misterioso apagón del sistema de emergencias 112, crecen las sospechas sobre una estrategia de distracción para desviar la atención del escándalo de corrupción que salpica al Partido Socialista.
Miguel Ángel Gallardo anuncia que recogerá su acta de diputado justo antes del apagón, mientras el fiscal general del Estado, García Ortiz, es acusado de estar implicado en una red de encubrimientos. La lista de instituciones controladas por el Gobierno parece no tener fin: desde la Fiscalía hasta los grandes medios de comunicación.
