La Comisión de Venecia ya está en España, con el propósito de examinar minuciosamente la amnistía, el sabotaje al estado de derecho y nuestra Constitución. Esta comisión, cuyo nombre original es el de ‘Comisión Europea para la Democracia por el Derecho’, es el órgano consultivo del Consejo Europeo, dedicado a mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas. Posee voz y autoridad en asuntos relacionados con la democracia.
Se espera que emita un informe sobre la ley de amnistía en cuestión, el cual no será vinculante pero servirá como expositor del golpe perpetrado desde la Moncloa y del intercambio de mercancía con Waterloo. Durante su estancia en España, su principal objetivo es recabar información entre los miembros del Congreso y del Senado.
Sin embargo, el Partido Socialista ha tomado medidas para evitar un encuentro significativo con la Comisión de Venecia. El letrado mayor y el secretario general del Congreso han declinado reunirse, probablemente para eludir explicaciones sobre su respaldo a la tramitación de la medida de gracia.
El terreno comunitario es crucial en este contexto, y estos juristas podrán dar fe de cómo el sanchismo ha afectado la justicia y la separación de poderes. El objetivo es evaluar cómo la garantía de la separación de poderes se ve afectada por la injerencia política en el poder judicial. Se espera recopilar el mayor número posible de informes para que, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie, se tenga en cuenta el rechazo absoluto de las asociaciones de fiscales y jueces de España a esta ley de amnistía.
Además, se considerarán informes como el del Consejo General del Poder Judicial, que advirtió indicios de inconstitucionalidad, y las denuncias de fiscales del Supremo sobre la redefinición del reglamento para alinearse con el gobierno.
Este panorama revela un esperpento moral, ético y legislativo en el que España ha sido catalogada como un país de segunda en democracia, según el índice global desde que Sánchez asumió el poder. Parece que solo a los delincuentes, corruptos, mafiosos, defraudadores y terroristas les interesa una fiscalía débil y cuestionada, como lo señaló el fiscal general del estado Álvaro García Ortiz en 2017.
