La decisión del Supremo no es una mera sugerencia ni un borrador sujeto a interpretación; hablamos de una orden ejecutiva para depurar un censo inflado mediante la polémica instrucción de Sofía Puente, hoy bajo la lupa judicial en el Juzgado 35 de Madrid por presunta prevaricación. Sin embargo, a las puertas de las elecciones del 29-N y con los plazos electorales al límite, el departamento que dirige Albares se ha limitado a desplegar una táctica de arrastre de pies. El ministro ha dejado pasar el tiempo deliberadamente sin mover un solo dedo para que la resolución judicial sea efectiva. Tras la manga ancha en los consulados para conceder la nacionalidad mediante una interpretación que desbordaba el espíritu de la ley, Exteriores alega ahora falta de capacidad para desgajar quiénes son legítimamente descendientes de exiliados y quiénes se beneficiaron del coladero administrativo. Una imposibilidad fabricada. Ante este bloqueo, la reacción de la oposición no se ha hecho esperar. Con el envío de un burofax fulminante, el Partido Popular ha fijado un ultimátum a las autoridades consulares, avisando de que la resistencia a cumplir lo dictaminado por el Alto Tribunal traspasa el ámbito administrativo para adentrarse de lleno en el terreno penal. Y en esa cadena de mando, la responsabilidad no se detiene en los escalones técnicos: señala directamente a Albares, advirtiéndole de que su pasividad activa lo sitúa más cerca del banquillo que de un perfil institucional impecable. Además, conocemos qué ocurre una vez ha quedado suspendida la ‘ley de nietos’ de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre y cómo el ‘Sanchism’ ha dejado a España. En la mesa del análisis: Miguel Ángel Durán, José Ramón Riera, Julio Ariza, Josep Maria Francàs y Roberto Marín.
