Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la Consejería de Sanidad de Canarias en busca de información relacionada con el caso de las mascarillas. Este hecho coincide con la comparecencia de Conrado Domínguez, exdirector del Servicio Canario de Salud, ante la Fiscalía Europea, quien está siendo investigado por un presunto caso de estafa y blanqueo de capitales relacionado con un pago adelantado de 4 millones de euros por mascarillas falsificadas que nunca fueron entregadas. La exdirectora general de Recursos Humanos del SCS, Ana María Pérez, también está bajo investigación por prevaricación. Estos acontecimientos arrojan luz sobre presuntas irregularidades durante la presidencia de Ángel Víctor Torres. Mientras tanto, la gestión del exministro de Sanidad Salvador Illa, ahora candidato del PSC a las elecciones catalanas, sigue sin esclarecerse, generando preocupaciones sobre una posible corrupción sistémica. La retirada del mercado de la vacuna de AstraZeneca por efectos secundarios como la trombosis, y la indemnización otorgada a una mujer en Extremadura por sufrir trombosis tras recibir la vacuna, subrayan la importancia de una gestión transparente y responsable en el ámbito de la salud pública.
