El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se limitó a insistir en su inocencia. Según Luis del Pino, las precisiones que indicó el fiscal antes de su declaración dejan entrever que su intención frente a una posible condena sería acudir al Tribunal Constitucional. García Ortiz se negó a responder a ninguna de las preguntas de los magistrados y se refirió solo a la abogacía del Estado y a la Fiscalía General, negándose a responder a las acusaciones e incluso al propio Tribunal Supremo.
