El Tribunal Supremo ha tomado la decisión de anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de lo militar. Esta medida se produce como resultado de un recurso presentado por el teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda García, quien también estaba en la competencia por la plaza y posee experiencia en jurisdicción militar. El nombramiento de Delgado fue realizado por el Consejo de Ministros a petición del actual Fiscal General del Estado, Álvaro Ortiz, con quien mantiene una relación estrecha, según expone la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo. La actual fiscal general del Estado, Delgado García, elevó a Ortiz a la máxima categoría de la carrera fiscal en una decisión exclusiva, generando un cuestionamiento sobre la arbitrariedad en este proceso.
La crítica principal se centra en que Dolores Delgado García carecía de conocimiento especializado y experiencia práctica en derecho militar al momento de su nombramiento. La Sala del Supremo argumenta que la finalidad real perseguida por el fiscal general del Estado fue saldar una deuda de gratitud, considerando que hubo una desviación de poder por parte de García Ortiz. En este contexto, se sostiene que las vacantes deben ser ocupadas únicamente por el criterio del mérito y no por conflictos de intereses, como podría haber sucedido previamente.
Dolores Delgado previamente ocupó el cargo de fiscal general del Estado durante dos años, siendo reemplazada por Álvaro García Ortiz, quien la seleccionó para dirigir la Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. La decisión del Tribunal Supremo deja en suspenso este cargo, y Delgado ha expresado su descontento calificando la sentencia como injusta y alegando una vulneración de sus derechos fundamentales. El fallo del Supremo plantea interrogantes sobre el proceso de nombramiento y destaca la importancia de mantener la imparcialidad y el respeto a los principios fundamentales en la designación de cargos públicos.
