Analizamos la evidente falta de responsabilidad en la gestión de crisis y la pasividad de las instituciones ante situaciones graves. Mientras que se pone en marcha rápidamente una operación judicial para perseguir la filtración de datos personales, situaciones de emergencia que han costado vidas humanas, como el desastre de la Comunidad Valenciana, siguen sin una respuesta adecuada. A pesar de las muertes y la negligencia evidente en la falta de intervención de los responsables políticos y públicos, la justicia parece no actuar con la misma urgencia.
