El Ayuntamiento de La Seu d’Urgell (Lérida) ha aprobado, con el apoyo de la CUP y el PSC, una polémica propuesta para ofrecer empleos públicos a inmigrantes ilegales. Esta iniciativa ha generado un enorme debate sobre legalidad, extranjería y el efecto llamada que podría provocar. ¿Pueden personas sin papeles acceder a plazas de funcionarios mientras los ciudadanos locales pagan sus impuestos y esperan oportunidades laborales? Analizamos esta decisión, la reacción política y el comunicado oficial del ayuntamiento, que insiste en que no se quiere “criminalizar” a nadie y se busca garantizar derechos y empleos dignos.
