La querella se basa en que Sofía Puente aplicó y alteró supuestamente la Ley 20/2022 de Memoria Democrática mediante una instrucción administrativa en la que estableció que cualquier español que hubiera salido del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 fuera considerado exiliado automáticamente, eliminando la obligación legal de tener que probar que sufrieron persecuciones políticas o ideológicas.
