El Consejo Fiscal se ha reunido para nombrar a cuatro nuevos fiscales de sala, pero la polémica ha estallado tras la designación de Emilio Sánchez Ulled como fiscal de Sala coordinador de delitos contra la Administración Pública, un puesto clave con competencias solapadas con la Fiscalía Anticorrupción.
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado e imputado por revelación de secretos, ha ignorado las peticiones de abstención por parte de la mayoría del consejo y ha colocado a personas afines, según sus críticos.
Estas decisiones, especialmente el nombramiento de Fernando Rodríguez Rey como fiscal de Sala de Delitos Económicos, están siendo cuestionadas por su posible conflicto de interés con investigaciones que afectan al propio García Ortiz y al entorno del Gobierno.
