Lo que el ministro hizo no es crítica política legítima. Es una acusación penal lanzada desde un micrófono sin pasar por un juzgado. La prevaricación es uno de los delitos más graves que puede cometer un juez. Acusarlo en público, sin nombre, sin expediente y entre aplausos no es valentía: es irresponsabilidad institucional en estado puro. Y los propios magistrados lo han dicho con una claridad que contrasta con la opacidad interesada del ministro. Si tiene pruebas, que las lleve a los tribunales. Si no las tiene, que se calle.
