Pedro Sánchez tensa la relación con Israel para eclipsar las crisis internas. Pedro Sánchez ha vuelto a colocar a Israel en el centro de la agenda política española. Lo hace en la víspera de una semana clave, con su esposa, Begoña Gómez, citada de nuevo a declarar por el quinto delito que le imputa un juez, y con varios frentes judiciales abiertos que amenazan la estabilidad del Gobierno. La respuesta de Israel no se ha hecho esperar: acusa al Ejecutivo español de antisemita y corrupto y ha prohibido la entrada en el país a dos ministras, Sira Rego y Yolanda Díaz. Moncloa, lejos de rebajar el tono, ha decidido intensificarlo. España ha llamado a consultas a la embajadora en Tel Aviv y aprobará mañana en Consejo de Ministros nuevas medidas contra lo que Sánchez denomina el genocidio en Gaza. Sin embargo, la realidad es que esas decisiones apenas tendrán un efecto práctico. El embargo de armas choca con el Convenio de Cooperación para la Defensa, firmado con Estados Unidos: nada impide a Washington seguir utilizando las bases de Rota y Morón para enviar material bélico a Israel. Ni el Gobierno español puede vetarlo, ni Estados Unidos tiene obligación de informar sobre el destino final de esos cargamentos.
