Julio Ariza aborda la preocupante normalización de la corrupción institucional en España, a raíz de los vínculos de Koldo García con estructuras clave del Estado como la sede de la Guardia Civil en Guzmán el Bueno. Se plantea cómo las estructuras del poder, tanto bajo gobiernos del Partido Popular como del PSOE, han sido utilizadas para fines políticos ajenos a la legalidad y a los principios democráticos. El debate se centra en la instrumentalización de instituciones públicas, la pérdida de la seguridad jurídica y el deterioro de la confianza ciudadana en el Estado de derecho. Además, se cuestiona la falta de rendición de cuentas de los altos cargos políticos y la necesidad urgente de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúen bajo el estricto control judicial, sin injerencias partidistas.
