El Gobierno planea una reforma de gran calado en el sistema judicial. Una reforma que, si se aprueba tal y como ha sido diseñada por el Ministerio de Justicia, supondrá un cambio estructural en la manera en que se investigan los delitos en España. Hasta ahora, los jueces de instrucción han sido los encargados de dirigir las investigaciones penales. Es decir, son ellos quienes ordenan a las unidades de policía judicial, como la UCO o la UDEF, qué pasos deben dar en cada investigación. En este escenario, es legítimo preguntarse: ¿Quién controla al que controla? ¿Qué garantías tendrán las investigaciones cuando el poder de decidir quién investiga, cómo se investiga y a quién se investiga, dependa de una estructura jerárquica bajo el mando de un cargo político?
