El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido procesado por el Tribunal Supremo. No por una interpretación jurídica discutible. No por una discrepancia técnica. No por desmentir un bulo. No por perseguir un delito. Sino por un presunto delito claro y grave: revelación de secretos. El juez instructor, Ángel Hurtado, concluye tras siete meses de investigación que hay indicios suficientes para llevarle a juicio. Es decir, lo sienta prácticamente en el banquillo.
Lo que se investiga no es una actuación imprudente ni un malentendido: es una filtración deliberada de correos confidenciales, enviados por la defensa del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la Fiscalía. Y la motivación de esa filtración, según el juez, tiene tintes políticos. El auto es contundente: la cadena de hechos parte del fiscal general del Estado y acaba en un medio de comunicación afín al Gobierno. Y todo, presuntamente, por indicaciones directas de Presidencia del Gobierno
