En España, cada compraventa de vivienda se convierte en un negocio redondo… para el Estado. A través de impuestos abusivos, especialmente en comunidades como Cataluña, se penaliza a quienes más esfuerzo hacen: las familias jóvenes. Además, analizamos cómo la Generalitat puede arrebatar una vivienda ya negociada con el comprador si el vendedor tiene cinco o más propiedades. Pero no todo son malas noticias: una sentencia pionera ha conseguido que se devuelvan hasta 30.000€ en intereses abusivos a compradores de viviendas de protección oficial.
