Analizamos la figura del Fiscal General del Estado en España, un cargo que debería ser el máximo garante de la legalidad, la independencia y la defensa del interés público. Sin embargo, en la España actual, la práctica y la teoría parecen estar separadas por un abismo, y en el centro de esta desconexión institucional se encuentra Álvaro García Ortiz. Jamás en la historia reciente de la democracia española un fiscal general había tenido que comparecer ante un juez como imputado… hasta ahora.
García Ortiz ha roto esta tradición con un estilo peculiar, eligiendo meticulosamente a quién responder y a quién ignorar, al presentar una defensa que pone en duda la imparcialidad de las instituciones judiciales. Exploramos su estrategia y las implicaciones que tiene este episodio para la confianza en la justicia española. ¿Está la fiscalía al servicio del poder político? ¿Es este enfrentamiento con el Tribunal Supremo solo un preludio de maniobras futuras?
