418 víctimas afectadas por las riadas reclaman 58 millones de euros a la Generalidad y a la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Gobierno, como compensación por daños físicos, morales y materiales. El colectivo denuncia que, a esas más de 400 personas, el agua le destrozó 107 viviendas, 12 empresas y seis personas de sus respectivas familias fallecieron. Además, han asegurado que, tanto la Generalidad Valenciana como el Ministerio para la Transición Ecológica, tienen seis meses para responder. Ya sea admitiendo su responsabilidad, o rechazándola. En el caso de no pronunciarse, incurrirán en el llamado silencio negativo.
