Pedro Sánchez sigue luchando por asegurar su legislatura y mantener su poder en la Moncloa hasta 2027, lo que está llevando a cabo a costa de todos los contribuyentes. El último movimiento de su estrategia involucra la condonación de 17.000 millones de euros de deuda a Cataluña, una concesión excesiva, incluso mayor que la que originalmente solicitó Esquerra. El problema no es solo que la deuda catalana no desaparezca, sino que se transfiere a todos los españoles, quienes deberán asumirla.
El gobierno ha extendido esta medida a las demás comunidades autónomas, alcanzando un total de 83.000 millones de euros, diluyendo el impacto y generando la indignación de los presidentes autonómicos, especialmente aquellos del Partido Popular. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, presenta este acto como una «quita de deuda», pero en realidad, es solo un cambio de titularidad: el Estado asume la deuda y la distribuye entre todas las autonomías, incluidas las que han sido fiscalmente responsables, como Madrid, que no debe nada al Estado.
Este reparto, que se negoció en Moncloa con Esquerra y no con las comunidades autónomas, ha favorecido de manera sospechosa a Cataluña y, casualmente, también a Andalucía, donde Montero busca tener una carrera política futura. De este modo, se premia a las comunidades más derrochadoras, incentivando la deuda sin consecuencias y penalizando a aquellas que han gestionado sus cuentas con prudencia. El Partido Popular ya ha rechazado esta medida, considerando que es económicamente regresiva y perjudica a los que han sido responsables fiscalmente.
La deuda no desaparece, se traslada a todos los ciudadanos, y las comunidades que han sido responsables con sus finanzas se ven obligadas a pagar por los excesos de las que han sido más irresponsables
