Lo que está ocurriendo en Ceuta es intolerable. Pero, por desgracia, no es inesperado. Porque la violencia nunca puede justificarse. Nunca. Ni cuando un grupo de inmigrantes rodea un vehículo militar, lo apedrea y deja heridos a cuatro soldados. Ni cuando grupos de vecinos persiguen a inmigrantes, arrojan sus pertenencias al mar, irrumpen en sus asentamientos o prenden fuego a las chabolas en las que duermen. Nada de eso tiene justificación. Pero una cosa es justificar la violencia y otra muy distinta fingir sorpresa ante un estallido que llevaba semanas gestándose mientras vemos como el Gobierno, las autoridades, siguen impasivas ante esta situación. Porque Ceuta lleva casi un mes avisando y los gobernantes competentes… de vacaciones. Casi un mes desde que más de 75.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. Casi un mes con miles de invasores todavía en una ciudad de apenas 85.000 habitantes. Casi un mes con personas durmiendo en playas, calles y asentamientos improvisados. Casi un mes con vecinos denunciando inseguridad, problemas de convivencia, presión sobre los servicios públicos y una sensación creciente de abandono. Y durante todo ese tiempo se ha pedido paciencia a los ceutíes. Paciencia mientras esperaban una solución. Paciencia mientras veían cómo pasaban los días. Paciencia mientras las administraciones discutían quién debía hacer qué. Paciencia mientras el Gobierno tardaba semanas en declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional y en nombrar un mando único. Hasta que la paciencia se ha terminado. Ceuta ha explotado.
