España enfrenta una situación crítica con el liderazgo en el paro juvenil en la Unión Europea, y muchos hogares luchan por llegar a fin de mes, sin posibilidad de ahorrar. La sociedad está inquieta, marcada por la controversia en torno a la ley de amnistía, lo que ha llevado a manifestaciones en las calles durante semanas. A pesar de estas preocupaciones apremiantes, la atención de los políticos parece estar desviada hacia asuntos diferentes.
El pasado 5 de diciembre, la mesa del Congreso aprobó recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje parlamentario. Estas recomendaciones, enviadas a los diputados el miércoles pasado, buscan fomentar un discurso con perspectiva de género. Se propone, por ejemplo, cambiar expresiones como «están capacitados para» por «son capaces de», eliminando de este modo cualquier sesgo masculino. La intención es utilizar ambos géneros siempre que sea posible. Sin embargo, se prohíbe rotundamente el uso de «ara», «X» o el morfema «e» para hablar de manera inclusiva.
Curiosamente, estas iniciativas sobre el lenguaje coinciden con otras decisiones en el ámbito legislativo. La legislatura inicia con la implementación de nuevas contrataciones públicas que ascienden a un total de 20 millones de euros. Entre estas, destacan partidas de 2,7 millones destinadas a clases de idiomas (inglés, alemán y francés), guardería para los hijos de trabajadores y diputados, así como la adquisición de tecnología como iPads, mobiliario, relojes y sistemas de conferencias y votaciones. Llama la atención especialmente la asignación de fondos para un retrato de la expresidente del Congreso, Ana Pastor.
Estas decisiones pueden suscitar interrogantes sobre las verdaderas prioridades y preocupaciones de los políticos españoles, en medio de una coyuntura económica y social desafiante.
