El Gobierno parece empeñado en cerrar el año con un movimiento audaz, y todo indica que está trabajando en ello. La decisión de adquirir hasta un 10% del capital de Telefónica, convirtiéndose así en el accionista mayoritario, ha sido recibida con críticas, incluso sugiriendo que esta resolución se gestó antes de las elecciones generales.
A pesar de las críticas, Moncloa ha salido en defensa de la medida, argumentando que se trata de un paso crucial para la necesaria recuperación del capital público español. El Gobierno afirma que esta acción es estratégica, destinada a proporcionar estabilidad a Telefónica para alcanzar sus objetivos estratégicos y contribuir al desarrollo de planes en el país.
Sin embargo, este argumento se ve cuestionado al observar que de las 10 mayores empresas del IBEX, seis tienen inversores extranjeros al mando. Iberdrola cuenta con Qatar, Santander con BlackRock, y Amadeus con la familia Benetton, entre otros. Estas empresas españolas carecen de inversión y accionistas nacionales. Esto plantea la pregunta de si el Gobierno, según la lógica de Sánchez, debería asumir el control de al menos estas seis empresas.
Otro aspecto a considerar es el tema financiero. Muchos economistas y ciudadanos se preguntan de dónde provendrán los más de 2.000 millones de euros que el Ejecutivo está dispuesto a invertir para convertirse en el principal accionista de Telefónica. Esto se vuelve aún más relevante al recordar la abultada deuda estatal, que alcanza los 1,6 billones de euros. Esta suma, según críticos, equivaldría a reducir el IVA en alimentos y electricidad durante un año, planteando interrogantes sobre las prioridades y verdaderos intereses del presidente y sus ministros.
