Moncloa avanza en su controvertido plan para regular los medios de comunicación, que algunos interpretan como un intento de limitar la libertad informativa. Analizamos el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, que establece un registro estatal de medios, gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Este registro permitirá al Gobierno conocer la estructura de propiedad de los medios y su dependencia de fondos públicos, especialmente de la publicidad institucional.
La medida, que forma parte del Plan de Acción por la Democracia anunciado por Pedro Sánchez, busca combatir la desinformación y garantizar la transparencia en la financiación de los medios. Sin embargo, ha generado una fuerte controversia, ya que algunos críticos consideran que este control informativo es un paso hacia la censura y el control de los medios de comunicación, especialmente aquellos que son críticos con el Gobierno.
Además, el anteproyecto también otorga al Ejecutivo la capacidad de regular los contenidos de plataformas digitales y sancionar económicamente a aquellos que difundan información considerada inapropiada. Con sanciones que van desde los 30.000 euros, esta ley podría asfixiar a los medios más pequeños y reforzar el control gubernamental sobre la información.
