El Gobierno de Pedro Sánchez lleva al Ejecutivo autonómico de Aragón al Tribunal Constitucional por negarse a colaborar en el reparto de menores inmigrantes no acompañados (MENAs).
El conflicto nace por la negativa del gobierno aragonés a facilitar los datos sobre el número de menores tutelados en la comunidad, así como su resistencia a acoger nuevos menores. La decisión de judicializar el asunto ha sido aprobada hoy en Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra Sira Rego, quien ya había advertido de esta medida si no se producía una rectificación.
