Hoy, el Consejo de Ministros ha aprueba una ayuda de 10 millones de euros para los pacientes de ELA. Una cifra que suena bien en el titular, pero que, cuando se analiza, deja un sabor a limosna institucional. Una subvención directa que irá a parar a ConELA, encargada de gestionar una atención que debería ser una obligación moral del Estado. La ley ELA sigue sin aplicarse. No está. Y mientras tanto, se improvisan parches de última hora que difícilmente cubrirán una necesidad vital: cuidados 24 horas para quienes literalmente luchan por respirar. El problema no es solo el retraso. Es la indiferencia. La misma indiferencia que se respira en la Comunidad Valenciana. El Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha aclarado si se hará cargo del plan de recuperación post-DANA por el que la Generalitat Valenciana pide 12.600 millones de euros. Mientras, Moncloa baraja un funeral de Estado por las víctimas de la riada… pero para el 29 de noviembre. Un mes después del aniversario. Porque el gesto simbólico llega, pero las soluciones reales, las que cuestan dinero y compromiso político, esas se hacen esperar. Eso sí, dinero hay. Para lo que interesa. El Ejecutivo aprobará hoy otros 40 millones de euros para la creación de 1.200 plazas de acogida de menores extranjeros no acompañados en la Península. Una medida que llega bajo una nueva declaración de emergencia en Canarias.
