El caso de Koldo García es solo la punta del iceberg, el rostro mediático tras el cual se esconde un entramado de corrupción que no solo levantaría alfombras, sino que también se beneficiaría de una situación tan delicada como la pandemia, mientras todo un país era prisionero en sus propios hogares. Para entender este caso, hay que remontarse a marzo de 2020, cuando José Luis Ábalos, entonces Ministro de Transporte, se convirtió en el hombre con plenas facultades para la adjudicación de contratos sin publicidad y a dedo, especialmente para el suministro de material sanitario, como las mascarillas.
Bajo su mando, se pilotó el estado de excepción, y su asesor Koldo García habría encargado estas adjudicaciones a una pequeña empresa de Zaragoza que no tenía experiencia ni actividad en la contratación de material sanitario, contratos millonarios que salpicaron al Ministerio de Interior y a diversos gobiernos autonómicos. En aquel momento, figuras como Francina Armengol en Baleares y Ángel Víctor Torres en Canarias también están involucrados. Marlasca reconoció que uno de esos contratos se adjudicó por recomendación del Ministerio de Ábalos. Aunque el ahora diputado del PSOE no está imputado, los nexos son tan evidentes que podría estarlo pronto. No solo se trata de su asesor y su mujer, sino también de empresarios cercanos. Si hay indicios de delito, la causa iría al Supremo debido a su condición de aforado en el Congreso.
Además, Koldo García fue contratado como asesor y luego consejero de Renfe sin tener la formación pertinente, mostrando un claro abuso en la contratación pública para beneficio personal. Este caso podría pasar de ser el caso Koldo al caso Ábalos y, además, constituye el primer gran caso de corrupción en el gobierno de Pedro Sánchez. Un presidente que llegó al Palacio de la Moncloa tras una moción de censura contra Mariano Rajoy, debido a un caso de corrupción. Sánchez ha presumido de un ejecutivo limpio de corrupción, pero ahora que se vislumbra la corrupción, vuelve a señalar a otros, como Isabel Díaz Ayuso.
Las denuncias del PSOE contra la presidenta de la Comunidad de Madrid se han archivado todas sin excepción, mientras que las del Partido Popular contra el gobierno y sus contratos han desembocado, por ahora, en 20 detenciones y más de 26 registros.
