Un año después, 8.000 comunicaciones permanecen bajo llave. Las víctimas siguen esperando. Y el Gobierno, mirando hacia otro lado. Hace exactamente un año, a las 12:33 del 28 de abril de 2025, España se fundió a negro. No fue un corte de luz puntual ni una avería localizada. Fue el mayor apagón de la historia, un cero energético que paralizó ciudades enteras, atrapó a miles de personas en túneles y ascensores, dejó sin agua a 400 mil personas y se cobró la vida de, al menos, ocho personas. Doce meses después, no hay culpables declarados, no hay informe definitivo y, lo que es más grave, hay 8 mil comunicaciones que alguien no quiere que veamos. Eso es lo que hay que subrayar hoy, en este aniversario: la opacidad como política de Estado. Esas grabaciones (llamadas, correos, intercambios entre los técnicos de Red Eléctrica y el Ministerio de Transición Ecológica que encabeza Sara Aagesen) permanecen bajo llave en la Audiencia Nacional y en la sede de Redeia en La Moraleja. Solo un juez, José Luis Calama, ha podido acceder a ellas. Fuentes próximas a la compañía son explícitas: hay material que puede incriminar directamente al Gobierno. Hay audios que podrían convertirse, en palabras de esas mismas fuentes, en «el as en la manga» de los consejeros de Red Eléctrica si la presión judicial arrecia sobre ellos. Piénsenlo un momento. No estamos hablando de documentos administrativos rutinarios. Estamos hablando de las comunicaciones que se produjeron mientras España se apagaba
