Moncloa anunció con gran entusiasmo el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.184 euros mensuales, destinada a beneficiar a 2.4 millones de trabajadores. Sin embargo, la celebración se vio empañada por tensiones internas en el Gobierno, cuando Hacienda también quiso su parte del aumento y, por primera vez, los beneficiarios del SMI tendrán que tributar por el IRPF.
Esta medida ha desatado un espectáculo político, con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, confesando que se enteró de la noticia por la prensa, mientras la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, trataba de suavizar la situación en medio de reproches y risas tensas. Además, el aumento de 50 euros al mes, equivalente a 700 euros anuales, podría verse reducido hasta en un 20% para un 20% de los beneficiarios debido a la nueva tributación.
El Gobierno prevé recaudar 150 millones de euros en 2025 por esta nueva obligación fiscal, lo que ha sido interpretado por muchos como una contradicción con la promesa de que la subida sería íntegra. El Partido Popular ha aprovechado para exigir una modificación en la fiscalidad del SMI, mientras que los empresarios se quejan del aumento de los costes laborales.
La historia de esta subida salarial ha cambiado de «histórica» a «el trabajador que menos tiene pagará más», debido a la carga fiscal impuesta por Hacienda. Así, lo que inicialmente parecía una victoria para los más vulnerables, termina siendo un «descuento aplicado directamente en la nómina»
